No existe futuro para una Nación que admite impasible el asesinato como derecho o cómo supuesta garantía de “igualdad” contra seres humanos indefensos –desiguales-, por su natural condición. Quien mata a alguien con alevosía, ensañamiento o mediando precio o recompensa -como en los establecimientos abortistas-, debe ser juzgado y condenado como reo de asesinato. Quienes cooperan en la ejecución del nasciturus con actos anteriores o simultáneos, deberán ser juzgados y condenados como cómplices de asesinato. Y, quien que no socorra a una persona –no nacida- que se halle desamparada, en grave y manifiesto peligro, cuando pudiere hacerlo, deberá ser juzgado y condenado por omisión del deber de socorro, por no prestar tal auxilio, o no demandar con urgencia el auxilio ajeno.
La actitud mantenida por el Partido Popular en relación con el aborto, su despenalización, o respecto a la defensa –activa- de la vida humana (no opinaré de la de sus miembros mientras no abandonen la citada formación), sólo puede ser calificada de culpable, de comisión por omisión, por su manifiesta connivencia ante el asesinato, sólo en 2008, de 115.812 seres humanos en España.
La abulia con la que este partido ha subrayado su ya variable posicionamiento respecto del aborto, actitud de la que, incluso, podrían derivarse responsabilidades legales (máxime si se tiene en cuenta su posición de garante durante dos legislaturas completas), ha contribuido en ese resultado dañino –mortal- reflejado en el incremento anual en España del número de abortos, durante los últimos quince años. Todo ello, por su “comprensión” ante un crimen existente, la situación de peligro, el desamparo de sus víctimas, culpable –por omisión- por haber mirado hacia otro lado, por tratarse de un asunto “no rentable” en términos electorales.
Actualmente, y tras las últimas expresiones públicas del rechazo de la cultura de la muerte, por parte de la sociedad civil, algunos “lideres” de este partido se han apresurado a declarar ante los medios su voluntad de derogar la recién publicada ley amplificadora de la mortalidad infantil, eso sí, “voluntaria”. Sin embargo, no debe olvidarse lo que implica la formulación de toda promesa política (siempre incumplidas, por mor de “democráticas” combinaciones entre conveniencias y mayorías), esto es, sólo realizables previa recuperación del poder -del Gobierno- y pronunciadas sin refrendo alguno en convicciones o principios fundamentales. Tal “promesa”, además de gratuita y condicionada, no debe ser tomada en consideración por los antecedentes de inacción ante un asunto de naturaleza vital, y la total ausencia de garantías fehacientes sobre su cumplimiento.
Miguel de Sanjuán
